Aprietes, traslados y amenazas de perder el empleo es lo que sufren quienes tienen una orientación sexual diferente y trabajan en las fuerzas de seguridad. Los homicidios del prefecto naval Octavio Romero y el oficial Mario Vega.
Por Mauro Fulco y Pablo Berisso
Octavio Romero está muerto. Mario Vega también. El primero
era suboficial de Prefectura Naval Argentina. El segundo era oficial de la
Policía de San Juan. Además de ser integrantes de las fuerzas de seguridad
tenían algo más en común: los dos eran homosexuales.
Romero, de 33 años y nacido en Corrientes, estaba en pareja
desde hacía 11 años con Gabriel Gersbach, con quien tenía planeado casarse el
pasado 8 de diciembre. La noche del 11 de junio de 2011 salió rumbo a una
fiesta y nunca volvió a su casa, en la que dejó las luces y la tevé encendida.
Fue encontrado seis días después, desnudo y flotando en el río, con claros
síntomas de haber sido asesinado. Vega, de 52 años, era un reconocido integrante
de la comunidad homosexual sanjuanina; fue una de las drag queens pioneras en
la provincia. Con su nombre artístico de Perla Mora, efectuaba performances en
el único boliche gay de San Juan, llamado Rapsodia, del cual era habitué. La
semana pasada su cadáver fue encontrado desnudo y quemado dentro de un auto en
un camping de la localidad de Chimbas. Por el crimen está detenido un taxi boy
de 24 años apodado El Loco Tití. “Separaba los tantos entre trabajo y
diversión, sabía dejar su profesión a un lado. Dentro de todo era una persona
rescatable. Tenía su pareja hacía cinco años, y venían a bailar siempre juntos.
Acá todos sabían que era policía, y que fuera oficial es un logro para nuestra
comunidad”, explica Daniel Olivares, dueño del boliche bailable en el que Vega
realizaba sus shows, quien agrega: “Alguna vez contó que había llegado a tener
algún roce con algún subalterno que se había sentido molesto por tener un jefe
gay, pero lo contaba en tono jocoso, del estilo ‘jodete’”. También asegura que
–como es de suponer– Vega no era el único efectivo sanjuanino gay: “La
seguridad del boliche la hacen policías, muchas veces se encuentran en la
puerta con clientes que también lo son y está todo bien, no hay problemas con
eso”.
El caso de Romero es más delicado. Su cuñado, Joaquín
Gersbach, lo cuenta: “Sabemos que Octavio sufrió varias intimidaciones. Él no
contaba mucho de lo que sucedía en el trabajo. Sólo una vez contó que un grupo
de compañeros lo encerró en un cuarto y empezaron a decirle que si era tan gay,
le iban a romper el culo, entonces les dijo ‘bueno, vengan de a uno’ y aseguró
que esa actitud de haberlos enfrentado hizo que lo dejaran en paz”. Después de
la muerte de Octavio, la Justicia considera a su pareja como sospechoso, por
eso no le permite presentarse como querellante de la causa. “Una vez, mi
hermano me contó que Octavio le dijo que encontraba pintadas en un baño del
Edificio Guardacostas, en Puerto Madero, que decían ‘Octavio puto’”. Después
del asesinato del prefecto, ninguno de sus ex compañeros volvió a comunicarse
con la familia ni se sumaron al reclamo de justicia.
Marcelo Suntheim, dirigente de la CHA (Comunidad Homosexual
Argentina) da su opinión sobre este caso, en el cual la organización brindó
apoyo al viudo: “Desde el principio creemos que la solicitud de matrimonio del
prefecto asesinado sumado al alto perfil de defensa de su identidad sexual pudo
haber despertado en la fuerza el disparador del crimen. Probablemente
existieron enconos anteriores, roces que dispararon el crimen del odio. No es
pasional como se quiere mostrar”.
¿Dónde están?
A pesar de que el matrimonio igualitario es ley en la
Argentina, llama la atención los pocos casos que se dan dentro de las fuerzas
de seguridad. Hace unos meses circuló la noticia de que dos militares
contraerían matrimonio, algo desmentido con énfasis desde Ejército y que aún no
se llevó a cabo, lo que da indicios de que fue un invento.
Lo cierto es que en las fuerzas de seguridad, como en toda
la sociedad, existen personas homosexuales. Pero no menos cierto es que aún les
cuesta mucho salir del closet. “Recibimos 15 denuncias por hostigamientos
relacionados con el matrimonio. En estos ambientes tan hostiles sólo se
denuncian las situaciones más graves. Estos problemas generan licencias médicas
y psiquiátricas de los agentes, estrés, falta de sueño y concentración,
violencia laboral, decaimiento en el rendimiento laboral –informa Esteban
Paulón, presidente de la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans). Muchos incluso piden traslados de lugar, pero les son
denegados. La respuesta de las instituciones es esconderlos o asignarles tareas
sin contacto con las personas, un aislamiento del efectivo que termina siendo
contraproducente”. Y detalla: “Una de las últimas denuncias fue en la Policía
de Santa Fe, entre dos componentes de la fuerza que transmitieron la intención
de casarse y desistieron porque les dijeron que iban a separarlos de sus
cargos”.
En la Metropolitana hubo un casamiento entre dos oficiales.
Se llaman Paula y Mariana, son abogada e ingeniera electrónica respectivamente,
y trabajan en el Instituto de Formación. Después de cinco años de noviazgo se
casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay. Desde esa fuerza, revelan en
estricto off the record: “Hay jefes, comisarios y policías rasos gays, pero no
blanquean por miedo al freezer o persecuciones indirectas. Te condenan a cosas
administrativas, a hacer recibos de sueldos; prefieren hostigarlos y que se
vayan solos. La Federal sí discrimina, de hecho hay pocos policías judíos, por
ejemplo”.
En Corrientes se dio el caso inverso. El diputado del
Partido Nuevo, Raúl Yung, denuncia que una pareja de varones habría solicitado
permiso para casarse y su jefe les habría recomendado no hacerlo. “Sabemos de
gente del mismo sexo que convive hace años y pertenece a las fuerzas.
Personalmente conocemos casi a 20, pero sabemos que son alrededor de 60. Muchos
directamente prefirieron no casarse. Otros tienen coraje pero el qué dirán en
la fuerza se impone al qué dirán en la sociedad, por lo que las parejas
desisten”. Cuando Yung envió el expediente Nº 6340 para que la Policía
correntina diera su versión de lo sucedido, desde esa institución respondieron
que no hubo ningún pedido formal de casamiento. Lo cierto es que luego trasladaron
a los futuros contrayentes a una dependencia en el interior provincial. “Hay
muchos casos de personas del mismo sexo que tienen relaciones. Si bien hay una
ley que los ampara y les da derecho, esto no se cumple. Hay un sentido de
aceptación a las parejas del mismo sexo, pero también hay algunos conservadores
que se resisten al cambio”, concluye el legislador.
En el mismo sentido se expresa Martín Paoltroni, dirigente
de VOX Asociación Civil: “No es descabellado que haya coerción contra el
matrimonio en las fuerzas. No hay libertad para contraer matrimonio, y muchos
casos no llegan a denuncias concretas por temor al día después. En esos casos
existe una autocensura, que es indirecta pero que existe. Hay rumores de una
funcionaria de Santa Fe que pidió permiso para casarse y se lo negaron. Las
leyes de igualdad no se cumplen”. Y certifica: “La presión de las fuerzas de
seguridad a la gente trans, lésbica o gay es real. Ser homosexual o trans es
complejo y a veces genera maltratos. Pero también se avanzó en determinados
puntos como el caso de la policía bombero Angie”.
Angie Beatriz Álvarez nació hace 40 años con el nombre de
Walter, el mismo que conserva en el DNI y que sigue apareciendo en su legajo y
hasta en su recibo de sueldo del Cuerpo de Bomberos Zapadores de Rosario,
aunque no por mucho tiempo. Desde 1998 forma parte de esa institución
dependiente de la Unidad Regional II de Policía. “La sexualidad nunca fue un
tabú para mí, pero tenía pensado ‘hormonizarme’ y lo pospuse por miedo a perder
el trabajo. En 2007, me decidí y empecé a ir a trabajar con ropa femenina. El
jefe no sabía cómo tomarlo, entonces me pidió que me cortara el pelo a lo
varoncito. Cuando lo hice público, tenía miedo de que lo denunciara por
discriminación”. Asegura no tener ni haber tenido ningún problema en el trabajo
por su condición sexual; es más, todo lo contrario, la invitan a despedidas y
fiestas. Nunca un entredicho, ni con sus superiores ni con los recién
ingresados. “Entraron sabiendo que soy sargento y que estoy a cargo”, dice. Eso
sí, al hacerse visible su caso, son varios los que la consultan sobre cómo
proceder. “Esta semana se rebeló un chico gay. Me consultó y le dije que era
decisión de él contarlo o no. Antes de hacerlo los compañeros lo molestaban.
Una vez que lo contó no lo jodieron más”.
OPINIÓN
Una historia de
fuerzas machistas
Escribe Cesar
Cigliutti, presidente de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA).
En materia de igualdad de género, grandes avances hemos
logrados en la Argentina: la ley de matrimonio igualitario y la de igualdad de
género. Pero aún queda mucho por hacer para que el cambio sea realmente
íntegro.
La discriminación y el rechazo son algo que se da en la vida
cotidiana, y que también existe dentro de las fuerzas de seguridad. Su historia
machista es la principal responsable de que, a pesar del indiscutible apoyo que
demuestran ministros y los jefes de las fuerzas, la homofobia y la
discriminación siga siendo uno de los puntos a resolver entre los efectivos.
Sabemos de pintadas e insultos contra quienes reconocen su
homosexualidad, pero lo grave es cuando terminan con un asesinato, como sucedió
con el prefecto Octavio Romero.
Acompañamos a la pareja y a la familia en la causa y todos
los indicios indican que se habría tratado de un crimen de odio. Esta es una
figura que fue enunciada por la CHA en un informe realizado junto a Amnistía
Internacional y está basada en los crímenes por orientación sexual. Pero los
jueces no la consideran.
Lo que ayudaría a la Justicia es la ley antidiscriminatoria,
que ya tiene media sanción de Diputados y que esperamos que el próximo año
logre ser aprobada. Esta ley le brindaría a la Justicia las herramientas
necesarias para que comience a reconocerse este tipo de crímenes.
Hoy, mientras muchos efectivos reconocen su homosexualidad y
deciden casarse, otros siguen escondiéndose por el fuerte rechazo que se da
puertas adentro de las fuerzas de seguridad.
Nota publicada en la revista El Guardián.
