El 5 de diciembre de 2010, el Parque Indoamericano –ubicado
en los barrios Villa Soldati y Villa Lugano– fue escenario de una de las tomas
más cruentas ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, la
situación de las más de 1.500 familias que durante 10 días ocuparon esas
tierras, que habían sido olvidadas por el Estado porteño, es la misma. Los
“okupas” se instalaron allí en reclamo de un techo digno, un derecho
constitucional. Al final se fueron porque les prometieron viviendas y créditos
flexibles, pero hasta ahora no apareció nada de eso.
En medio de este panorama, al macrismo pareciera no
preocuparle la problemática habitacional que desde hace años aqueja a los
porteños: no sólo no ejecuta las partidas destinadas al Instituto de la
Vivienda de la Ciudad (IVC) sino que, además, para 2012 intentó aprobar un
presupuesto que en el área presentaba un monto inferior al de este año. Hoy,
cuando se recorren los alrededores del parque, puede comprobarse que conviven
dos realidades.
A un año de la toma, y luego de varias acusaciones cruzadas
en las que se culpó a vecinos, policías y grupos de choque, el fiscal Sandro
Abraldes realizó un pedido de declaración indagatoria a la jueza María Cristina
Nazar, a 33 integrantes de la Policía Metropolitana y a cuatro de la Policía
Federal. La justicia considera responsable a la jueza por ordenar el desalojo
que el 7 de diciembre de 2010 terminó con la vida de tres personas.
Pobres ignorados
Desde 2004, Buenos Aires sufre una emergencia habitacional
declarada y prorrogada por la Legislatura en 2007 y 2009, aunque el jefe de
Gobierno porteño, Mauricio Macri, la vetó a días de la toma. Pero la realidad
está a la vista: las villas y los asentamientos precarios crecen y la necesidad
de un techo fue la principal causa por la que hace poco más de un año más de 13
mil personas ocuparon el predio donde se extiende el Parque Indoamericano.
“La ley de inmigración es demasiado permisiva”, reclamó por
entonces el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. El problema es
“la inmigración descontrolada”, aseguró Macri. Por estas polémicas
declaraciones fueron calificados de xenófobos y hasta el presidente de Bolivia,
Evo Morales, pidió que se retracten. Al final, Macri y Larreta se desdijeron.
La baja ejecución de la partida presupuestaria y las
decisiones políticas que no se tomaron podrían ser interpretadas como un
desinterés del macrismo por la problemática habitacional. “Al Pro no le
interesa solucionar los problemas de vivienda. A fines de diciembre de 2010, la
Legislatura prorrogó la ley de Emergencia Habitacional, pero Macri la vetó.
Hoy, paradójicamente, no hay una emergencia declarada, a pesar de que más de medio
millón de ciudadanos porteños sufren ese problema”, aseguró a EG la diputada
porteña por la Coalición Cívica (CC) y presidenta de la Comisión de Vivienda,
Rocío Sánchez Andía. La legisladora insistió en que la oposición, durante 2011,
trabajó para sancionar una nueva ley de emergencia, pero “el Pro se negó a
tratarla”. EG intentó comunicarse con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad,
pero sus voceros no respondieron las llamadas.
Al cierre del tercer trimestre de 2011, de los 667,5
millones de pesos destinados al IVC sólo se ejecutó un 29,9 por ciento (apenas
200 millones). Desde la oposición insisten en que este año ni siquiera llegará
a los porcentajes promedio de la primera gestión Pro. “Es una dinámica del
macrismo, desde que asumieron no superaron el 55 por ciento de ejecución en
vivienda”, explicó Sánchez Andía.
La ley de presupuesto 2012 presentada por el macrismo
estipulaba una partida para el IVC de 101 millones menos que la del año
anterior. Pero luego de varias discusiones en comisión y en el recinto, los
legisladores lograron incrementar la partida en 121,3 millones de pesos. Es
decir, el presupuesto quedó en 687 millones, 20 millones más que el de 2011. El
24 de noviembre se sancionó el presupuesto del año próximo con el apoyo de la
mayoría de los bloques, salvo Proyecto Sur, que votó en contra, y la CC, que se
abstuvo. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional rechazó, “por inconsistente e
impreciso”, un proyecto presentado en marzo por el macrismo para la
construcción de ocho mil viviendas como parte del convenio entre ambos
gobiernos.
Dos realidades
El Indoamericano es el segundo parque más grande de la
Ciudad y está ubicado en la zona sur, entre las avenidas Escalada, Castañares,
la autopista Cámpora y las vías del ferrocarril Metropolitano. El 5 de marzo,
el Gobierno porteño anunció la puesta en marcha de la primera etapa del
proyecto oficial para reacondicionar el predio.
Primero cercaron las 130 hectáreas del parque, luego se
instalaron luminarias y cuatro garitas con seguridad privada que funcionan las
24 horas. Si bien se trata de un espacio público, nadie puede entrar ni salir
sin autorización del Estado porteño.
Al llegar al cruce de las avenidas Escalada y Castañares
pueden verse los avances de la obra anunciada: un arenero con juegos para
chicos, algunos bancos y glorietas que adornan los caminos de cemento. Pero
nadie puede disfrutarlos. Las cadenas y candados que aseguran los cuatro
ingresos impiden el acceso a la misma. En frente, sobre Castañares, se alzan
los edificios habitados por los vecinos que se enfrentaron a quienes tomaron el
predio hace un año.
“Está claro que la necesidad de la gente no es una placita.
Tienen problemas mucho peores”, reflexiona el militante kirhnerista Alejandro
“Pitu” Salvatierra, mientras avanza lento, acariciando las rejas con su mano
extendida. Durante la toma, el dirigente social fue señalado por muchos como
uno de los principales promotores de ocupación. “Nadie empujó a nadie a tomar.
Eso lo impusieron los que no conocen la realidad de vivir de prestado. Cuando
se vive así se explota como una olla a presión”, ejemplifica Salvatierra, quien
también es delegado de la villa 15 de Ciudad Oculta. Al llegar al puente del
ferrocarril Belgrano, del lado en el que viven hacinados gran parte de los
okupas que tomaron el parque, sonríe e ironiza: “Mirá qué linda plaza le están haciendo
a los pobres”. Desde allí, el paisaje es diferente. Pastizales altos y cientos
de montículos de tierra son aprovechados por pájaros y algún que otro perro que
logra atravesar el enrejado. “De aquel lado pusieron juegos, cortaron el pasto
e iluminaron todo. De este lado tiraron tierra y listo. Es el lado de los
pobres, los bolivianos y paraguayos que tomaron el predio”, dice Salvatierra.
Las dos realidades que hoy muestra el Indoamericano marcan la diferencia entre
vecinos que desembocó en los trágicos hechos ocurridos hace un año. De un lado,
la plaza, los juegos y los vecinos que repudiaron la toma; del otro, montículos
de tierra amontonada, pastizales altos y los pobres que esperan las promesas
por las que el 15 de diciembre de 2010 abandonaron la toma. En medio, el parque
en el que se derramó la sangre de los tres muertos que aún esperan por
justicia.
Reclamo vigente
El 15 de diciembre de 2010, las 13.333 personas que ocuparon
el Indoamericano (según el censo que realizaron entonces unos 200
especialistas) abandonaron la toma. A cambio, los gobiernos nacional y porteño
prometieron trabajar en conjunto para darles viviendas dignas. Días antes, el
martes 7, mientras la Nación no intervenía en el grave conflicto, por pedido
del Gobierno porteño la jueza María Cristina Nazar ordenaba el desalojo que
terminó con las vidas de Bernardo Salgueiro (un paraguayo de 22 años), Rosemary
Chura Peña (una boliviana de 28). Los familiares de estas dos víctimas
recibieron una vivienda; el resto sigue esperando. “Me siento un poco desenamorado.
Nos llenaron de promesas durante la toma y en las reuniones posteriores que
tuvimos con funcionarios. Muchas palabras y nada de acción”, dice Salvatierra.
“La única forma de profundizar este modelo es trabajar para mejorar la vida de
los pobres. De Macri no esperamos nada”, concluye el joven dirigente.
Nota publicada en la revista El Guardián.
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