Jorge Lemus, el incombustible

Es el funcionario con mayor cantidad de denuncias en el gabinete de Macri. Se sobrepuso a las acusaciones por falta de obras en los hospitales. Ahora debe enfrentar la intervención en el SAME. Los cuestionamientos judiciales.

Se lo responsabiliza por la muerte de dos personas de barrios pobres y por el cierre de centros sanitarios. Zafó de dos pedidos de juicio político y de uno de renuncia presentado por más de la mitad de los legisladores. Promesas incumplidas, hospitales judicializados, obras paralizadas son algunos de los hitos que forman parte de la gestión del ministro de Salud porteño Jorge Lemus. Pocos funcionarios logran lo que pudo Lemus: mantenerse en el cargo pese a la unanimidad de cuestionamientos cosechados.

En los últimos días, el apellido Lemus volvió a aparecer en las páginas de los diarios, esta vez, por la intervención al SAME que dispuso el juez Norberto Gallardo –porque el personal del servicio de emergencia se negó a entrar en la villa 31, para atender a Humberto Ruiz, lo que desembocó en la muerte del hombre– y por la intimación que ordenó el mismo magistrado luego de que el ministro no asistiera a una audiencia pública el 15 de abril, por “problemas de salud”.

Inmediatamente, Lemus presentó una recusación contra el magistrado que había hecho lugar a un recurso de amparo presentado por personal médico de salas de emergencia, representantes de las villas, asentamientos y barrios carenciados y por la Acción Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “La recusación deja en claro que al ministro no le interesa cumplir con la ley que garantiza el derecho a la salud de los pobres”, aseguró la representante del ACIJ, Luciana Bercovich.

El mismo día en que el ministro faltó a la audiencia, otra muerte le dio más fuerza al amparo presentado. Luego de sufrir una descompensación, José María Veira falleció por no poder ser atendido en la sala de emergencia de Villa Lugano, cerrada desde 15 días antes. Con la excusa del retiro de la Policía Federal de los establecimientos públicos porteños, el 8 de abril el Gobierno de la Ciudad ordenó cerrar, entre otros, el centro de salud, que atendía a casi 40 mil vecinos.

“A pesar del anuncio de la ministra (Nilda Garré), el policía que siempre cuidó la salita nunca se retiró. Por eso es que no entendemos por qué Macri la dejó cerrada. Si hubiera estado la salita, o la ambulancia que deberíamos tener por ‘orden judicial’, José podría haber sido atendido sin tener que esperar los 50 minutos que demoró el SAME en llegar”, explicó un vecino de la víctima.

Primero con Carlos

Estas denuncias son manchas nuevas que se suman a la larga lista que posee el legajo del inmune ministro Lemus. Antes de ser designado como responsable de la cartera de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Lemus fue viceministro de la misma cartera, pero a nivel nacional, durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Tras ser nombrado por Macri sorteó dos pedidos de juicio político, derivados de varios fallos judiciales en su contra y algunas causas penales (por no cumplir con órdenes judiciales), y se mantiene inmune al tratamiento legislativo de un pedido de renuncia.

En 2007, el juez Gallardo ordenó el envío de una ambulancia a la villa 21-24 para atender las emergencias que allí se presentaran. Durante dos años, la orden no fue cumplida. En 2009, el magistrado citó a Lemus, pero éste no se presentó. De inmediato, el juez ordenó bloquear todas las cuentas del ministro. En ese entonces, la Cámara de Apelaciones revocó la restricción y le impuso una multa de 500 pesos por día, hasta que cumpliera la orden de Gallardo.

En la actualidad, 12 de los 33 hospitales porteños tienen algún tipo de intervención judicial por “abandono de las obras, falta de recursos tecnológicos, problemas de infraestructura, falta de personal y de insumos”, según el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, el socialista auténtico Jorge Sesler. Los centros con más inconvenientes son el Hospital de Quemados (donde aún esperan por la remodelación de la sala de terapia infantil), el Hospital Rivadavia, el Borda, el Moyano, el Tobar García y el Udaondo, entre otros.

En la Legislatura porteña duerme un pedido de renuncia contra los responsables de la cartera de Salud, firmado por 32 diputados. El pedido surgió cuando a mediados de 2010 se conoció que la mortalidad infantil en la ciudad había crecido un punto, algo que no había sucedido en décadas. El lunes 25, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, junto a Lemus y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, retomó el tema cuando anunció que “gracias al trabajo de los ministros por primera vez se ha llegado a una tasa de mortalidad infantil de un dígito en todos los barrios porteños”.

Sesler replicó que “el anuncio de Macri es insostenible, porque no dan los tiempos reales para hacer un cálculo serio que le permita afirmar una baja en la mortalidad infantil”. Sobre la gestión de Lemus fue contundente: “Es la peor de la historia”. Y agregó que la picardía del bloque macrista “está durmiendo el tratamiento en el recinto del pedido de renuncia”. El diputado indicó que la partida presupuestaria cada año es menor, ya en infraestructura y equipamiento en 2011 la suma asignada es casi cuatro puntos menor que la de 2010, año en que se sólo se ejecutó menos de la mitad.

“Es cierto que las partidas presupuestarias son mayores en monto, pero la porción del presupuesto cada vez es menor, y encima, no se ejecuta”, advirtió Sesler.

Concursos que no llegaron

Al asumir la titularidad del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires en 2007, Lemus, ex director del Hospital Fernández, prometió que si en noventa días no conseguía hacer los concursos para designar a los titulares de los hospitales públicos renunciaría a su cargo. Casi cuatro años después, los concursos nunca se hicieron y la anunciada renuncia tampoco llegó.

Para suplantar los fallidos concursos, Lemus solicitó a todos los directores y subdirectores que presentaran la renuncia para “facilitar la selección” de los nuevos funcionarios, a través de la creación de una junta de “notables”. El ex ministro de salud porteño, Donato Spaccavento, explicó a EG que él fue “obligado a renunciar” a la dirección del Hospital Argerich y que, posteriormente, se presentó en la elección y ganó. “Gané la nueva postulación y, a pesar de ello, Lemus me echó”, afirmó. Además, dijo que tres fallos judiciales sentenciaron a su favor y que aún espera respuesta del Ministerio.

“En connivencia con la cúpula de la Asociación de Médicos Municipales, están privatizando la salud pública. Nunca vi nada igual en los años que tengo de profesión. Arriesgan la vida de los pacientes. La falta de recursos hace que aumente la violencia intrahospitalaria”, afirmó Spaccavento, e insistió en que Lemus está privatizando la Salud, porque “pasó a manos privadas los servicio de estudios complejos (tomografía y resonancias magnéticas, entre otros), los laboratorios y los sistemas de cobranza a obras sociales”. A este panorama complejo  se sumó la denuncia del legislador porteño Martín Hourest, quien aseguró que los centros de atención primaria (Cesac) de los hospitales Penna, Piñero y Santojanni permanecen cerrados.

A pesar de ser un ministro gestor de frases polémicas, como que “los hospitales porteños deberían dar prioridad a quienes residen en sus fronteras por sobre los vecinos bonaerenses o los extranjeros”, ante el llamado de EG la única frase que salió desde el Ministerio de Salud fue: “Hablen con la Procuración General de la Ciudad”. Nadie quiso dar una respuesta oficial sobre la extensa lista de reclamos, causas judiciales y denuncias que pesan sobre Lemus. Algo que podría llevar a creer que se trata del ministro con más “inmunidad”  de la gestión macrista.

Nota publicada en la revista El Guardián.

El aislamiento como política de seguridad Pro

El gobierno porteño cercó 600 metros de una avenida en respuesta a vecinos que reclamaban por los robos en la zona. El lugar divide al barrio Piedrabuena del complejo habitacional que construyen las Madres de Plaza de Mayo.

Es la zona postergada de la ciudad a la que, en vísperas de cada elección, los candidatos a gobernar la Ciudad de Buenos Aires aseguran que sacarán del atraso que arrastra desde siempre. Es la misma en la que Mauricio Macri se sacó una foto junto a una niña humilde, durante la campaña de 2007, que cosechó aplausos en sus filas y críticas en la oposición. Es allí, en Villa Lugano, donde el gobierno porteño resolvió atender los reclamos de mayor seguridad por parte de los vecinos levantando una reja que separa el barrio Piedrabuena de lo que será el complejo habitacional que están construyendo las Madres de Plaza de Mayo. El pedido nació hace cinco años, cuando la zona lindera al barrio era un descampado que, según los vecinos, servía como vía de escape para la delincuencia.

El Pro comenzó su gestión en la ciudad cercando los espacios verdes para preservar su seguridad; ahora, esa política se extendió a la construcción de un enrejado en Villa Lugano a cargo de la empresa Altote S.A. (la misma que construyó las bicisendas). La norma fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial, costará a su finalización 150 mil pesos y se extiende a lo largo de 600 metros por la avenida Castañares, entre la calle Espora y la avenida General Paz. Hasta el momento, sólo se construyó la mitad y en los próximos meses se concluirá la obra. Desde el gobierno aseguran que la idea no es encerrar un barrio, sino “preservar a los vecinos de la zona de actos de pillaje y hurto”, según se comunica en el Boletín Oficial.

El barrio Comandante Luis Piedrabuena está delimitado por las avenidas Piedra Buena, Castañares, General Paz y Eva Perón. De un lado del enrejado están las casas de clase media del barrio; del otro, los edificios de departamentos que serán habitados por personas de clase baja que hoy residen en las villas cercanas. “Empezaron con las plazas y los espacios verdes y ahora van por los barrios marginales”, denunció Mercedes, una vecina de la zona, quien junto a sus tres hijos será una de las futuras habitantes del nuevo complejo, el mismo que linda con los vecinos de Villa Pirelli, Ciudad Oculta y Villa Inta.

El gestor del pedido fue un jubilado que vive sobre la avenida enrejada, Reinaldo Esteban Mendoza. “Por los robos constantes que sufríamos, comenzamos a hacer reclamos en 2006 a la Corporación Sur”, explicó. Ante los cuestionamientos referidos a la discriminación que implica la instalación del enrejado, Mendoza se defendió: “Es para protegernos de los caballos y de los rateros que robaban y huían, no es por las personas que vengan a vivir”.

Las explicaciones de Mendoza no son las mismas que la de otros vecinos del barrio. A metros de su casa vive María, una jubilada. Su hijo, Claudio, explicó: “La zona es bastante insegura y la reja servirá de protección cuando habiten los edificios de enfrente, porque vaya a saber qué clase de gente es la que viene”. Para el sociólogo Carlos De Angelis, director del Observatorio Político y Electoral de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el pedido de los vecinos es entendible, porque “en ellos prima la autodefensa”, y cree que el problema es que, a partir de la inseguridad,  desde el Gobierno se naturalice la división entre clases sociales. “El Estado tiene la obligación de asegurar la integración de todos los habitantes de la sociedad y el aislamiento desemboca en un resultado opuesto. Son las denominadas políticas de emparche”, insistió.

“Las personas de sectores marginales buscan integrarse en la sociedad y una reja que separe a diferentes clases sociales sólo potencia aquella desigualdad. Porque de un lado quedan los que serían los buenos y del otro los malos”, explicó De Angelis, y agregó que quienes van a ocupar los nuevos departamentos pueden sentirse afectados. “Tenemos que cuidar que no nos tomen las casas y ahora soportar que para la gente del barrio seamos los peligrosos”, se indignó Mercedes.

Mendoza planteó que el gobierno porteño debería terminar el enrejado antes de que empiecen a habitar los departamentos “si no, van a decir que es por ellos y habrá problemas”.

Hebe de Bonafini, la titular de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, se negó a opinar sobre el tema al ser consultada por EG. Desde el gobierno porteño la justificación es que accedieron al pedido de los ciudadanos porque el enrejado evitará los caballos y chanchos que cruzaban y andaban sueltos en la zona, y el estacionamiento indebido de autos y carros (de cartoneros).

Varios ejemplos hay en la historia sobre muros construidos por diferencias sociales, de los cuales el más recordado en la Argentina es el que promovió el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (ver recuadro). Aquella iniciativa no prosperó porque los propios vecinos, que se sentían excluidos, derribaron el muro. La diferencia entre la muralla de 2009 de zona norte y la reja de Villa Lugano es que frente a esta última aún no hay nadie viviendo que pueda sentirse afectado.

Breves historias de muros

Un intento fallido que quedó en la memoria fue el muro que intentó levantar en 2009 el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. El fin era separar el barrio de Villa Jardín de La Horqueta. Las justificaciones de Posse eran que había que “eliminar el corredor de una zona que quedaba expuesta a una salida rápida por la autopista y el Acceso Norte y no para aislar a los vecinos”. La realidad es que con ese muro se pensaba separar un barrio marginal de la lujosa zona de casas de La Horqueta, pero los vecinos más afectados no lo permitieron.

Pero no sólo en la Argentina se ha utilizado esta metodología. Aunque en otros lugares la motivación de separar a través de la creación de muros respondió a otras justificaciones, en general vinculadas con cuestiones de defensa y de inmigración. El gobierno de Israel levantó una muralla a lo largo de los 348 kilómetros que separan a los territorios palestinos. Recibió por eso la condena internacional. En Irán, el gobierno de Ahmadineyad invirtió 150 millones de dólares para realizar un muro a lo largo de los más de 400 kilómetros de frontera con el Kurdistán iraquí, además de ampliar las barreras ya existentes en las divisorias con Afganistán y Paquistán. El objetivo: alejar a los kurdos y tener el control absoluto de todo lo que llegue a esas tierras.

Uno de los precursores fue Estados Unidos. Los norteamericanos cerraron con enrejados de unos cinco metros de altura las fronteras con México, para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. Lograron reducirlo, pero no detenerlo por completo.

Como todo muro, el mayor logro que alcanza es la separación, dejando de un lado lo  “bueno” y del otro lo “malo”.

Nota publicada en la revista El Guardián.

Los candidatos del 1%

Las encuestas no les adjudican ninguna posibilidad en las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que sus nombres son conocidos. De todos modos, aspiran a presentarse aunque –en vez de tratarse de una postulación– lo de ellos sea casi una inmolación pública.

En tiempo de elecciones muchos nombres recorren los medios de comunicación, algunos con más fuerza que otros. Igualmente, son las mediciones las que posicionan mejor o peor a un candidato. Pero entre tantos, hay un grupo a los que tranquilamente podríamos llamar candidatos “Chinchón”, son los que no llegan al 10 por ciento de votos en las encuestas, a pesar de pertenecer a partidos históricamente importantes. Es más, apenas arañan –con suerte– un 5%. Y en más de un caso, ni siquiera llegan a eso.

Apellidos como Giudici, López Murphy, Redrado y Castrilli podrían ser, tranquilamente, los “menos 10” de las listas. Algunos ya están acostumbrados a no alcanzar las dos cifras, pero otros no pueden entender cómo es que no son mejor considerados por los votantes. También están los que se resignan a no superar el 5 por ciento, pero este grupo reducido se tiene tanta confianza que insisten en presentarse, y hasta aseguran que van a ganar.

Los radicales son un ejemplo de optimismo. Luego de varias idas y vueltas, eligieron –de común acuerdo– a la diputada Silvana Giudici como candidata a jefa de Gobierno porteño. La designación es una muestra del mal estado en el que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires la UCR, un partido que hace 15 años era imbatible y que hoy, luego del estrepitoso final de Fernando De la Rúa, presenta un candidato al que las mejores mediciones no le dan más que, y con mucha buena voluntad, un 4 por ciento de intención de voto. 

“Es muy difícil tener que remar una campaña a puro pulmón. Igualmente, no podemos hablar de números porque las mediciones no nos incluyen”, aseguraron desde el entorno de Giudici. A pesar de la queja, desde el entorno de la diputada estipulan que sus porcentajes de intención de voto rondan los 3,5 puntos.

La candidata radical desea mejorar su performance en las elecciones del 10 de julio, y para ello está muy cerca de acordar con el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad del partido Convergencia Federal, Ricardo López Murphy. El ex ministro de De la Rúa, que alguna vez superó las dos cifras en elecciones, y que hasta hace unos días se autoproclamaba ganador con entre 5 y 6 puntos, podría llevar a Giudici a arañar las dos cifras si unieran fuerzas.

“Tenemos que formar un bloque de alianzas para poder competirle al oficialismo –el PRO liderado por Mauricio Macri– y al kirchnerismo, quienes todavía no han definido su candidato”, afirmó López Murphy a EG. El precandidato hoy se muestra más cauteloso a la hora de hablar, y asegura que sólo será candidato si logra llegar a un acuerdo porque no está dispuesto a que prime “el individualismo por sobre la unidad”. También reconoció haber hablado con todos los integrantes del Acuerdo Cívico y Social, aunque aclaró que aún no hay nada cerrado. Mientras tanto, los postes de luz de la Ciudad siguen mostrándolo, nuevamente, como una opción más para los votantes.

Quienes no querían ser menos fueron los que conforman el Peronismo Federal. Con una gran visión electoral, no dudaron en elegir como candidato al ex presidente del Banco Central y ex novio de Luli Salazar, Martín Redrado. El economista podrá ser muy bueno para los números, aunque pareciera que la fórmula no le da resultado a la hora de sumar porcentaje de votos en el electorado porteño. Las consultoras le dan entre un 2 y un 5 por ciento de los votos, y en el partido aseguran que Redrado superaba las dos cifras pero que “la pelea con Luli le hizo perder puntos que ahora deberá recuperar”.

El ex árbitro Javier Castrilli, que iba como candidato del chubutense Mario Das Neves y ahora está solo, también es parte de la lista de los que aspiran a la Jefatura de Gobierno porteña. Desde su entorno están contentos por el crecimiento logrado en tan poco tiempo. Una reciente encuesta les da un 3,5 por ciento de intención de voto de los porteños.

“No hablamos de alianzas porque todos los que están teniendo diálogo para juntarse nos dejaron afuera”, explicó un allegado a Castrilli. A pesar de ello, reconocen tener “muy buena onda” con todos y aseguran que están lanzando una campaña muy fuerte de publicidad callejera, que estará en manos del publicista Gabriel Dreyfus. Como todos, recorrerá la Ciudad y el fin de semana del 16 y 17 de abril hará lo que mejor le sale: arbitrar en un campeonato de fútbol que se realizará en la villa Zabaleta. “Ojalá nos apoyara Duhalde, pero él eligió a Macri y en eso no coincidimos; vamos a  ser una alternativa al macrismo”, sintetizó.

En todos los casos, cada candidato (el que pueda) buscará alguna alianza para superar el bajísimo porcentaje de votantes que posee actualmente. Esperemos que no decidan jugar sus candidaturas en un partido de Chinchón, porque con tantos menos 10 nadie llegaría a los 100 puntos, más del doble de puntos con los que se lograría cumplir el sueño de cualquier candidato.

Los pequeños partidos que siguen pese a todo

Como es costumbre, en las próximas elecciones el cuarto oscuro estará lleno de listas de partidos políticos para elegir –entre ellos, las de los movimientos que históricamente se acostumbraron a no superar el 1 o, a lo sumo, el 2 por ciento de votos–. Por un lado se encuentran la UCR y el Partido Federal, que no comprenden el bajo nivel de atracción de votantes que tienen sus candidatos; pero, por otro, están los partidos de izquierda –el socialismo y el partido humanista–, los que nunca faltan en las elecciones aunque saben que su fuerza electoral fue y es insuficiente.

El Partido Obrero, Partido Trabajadores Socialistas, la Izquierda Socialista y el Nuevo MAS se reunieron a fin de intercambiar ideas y lograr un candidato en común para postular a la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires irá con el legislador Roy Cortina a la cabeza de su lista. De todos, es el que mayor porcentaje de intensión de votos tiene: las mediciones le dan entre 1 y 2 por ciento.

Por su parte, el Partido Comunista, el Partido Intransigente y el Partido Humanista (entre otros tantos clásicos) presentarán sus propios candidatos, como suelen hacerlo en cada elección. Como es de suponer, es probable que todos los movimientos de izquierda unidos no alcancen a obtener ni un 10 por ciento del electorado. Algo a lo que ya están acostumbrados.

Entre los que decidieron alinearse con otras fuerzas para lograr una mejor performance en las elecciones está el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Movimiento Libres del sur y una fracción del socialismo, que trabajan junto a Proyecto Sur acompañando la propuesta del cineasta Fernando “Pino” Solanas, quien a su vez busca aliarse con el socialismo. El resto, como es costumbre, seguirá sumando de a un punto por elección.

Nota publicada en la revista El Guardián.