Estamos cansados de que nos maten por defender lo que nos
pertenece”. Es la frase que se escucha decir una y otra vez a los referentes de
las comunidades originarias que sufren el agravio y las constantes agresiones
de parte de empresarios inescrupulosos que, con connivencia política, los
desplazan con un solo fin: desmontar.
El miércoles 16, un nuevo caso conmovió a los pobladores de
Santiago del Estero. En el departamento de Copo, Cristian Ferreyra (22) y otros
campesinos fueron enfrentados por Javier Juárez. Por la vieja disputa de
tierras con la que conviven los lugareños, en la que luchan contra los
empresarios que los corren para hacerse del territorio, ambos comenzaron a
discutir y Juárez (el hombre de 38 años señalado como el presunto asesino) habría
baleado a Ferreyra y a Darío Godoy con una Itaka. El primero murió desangrado,
el segundo sigue internado grave.
Santiago del Estero es la provincia que más desmonta, según
el director de Bosques local, Julio Araujo. Fue el propio gobierno provincial
el que reconoció el problema que tienen con los controles en los desmontes, ya
que el jefe de Gabinete, Elías Suárez, anunció en conferencia de prensa la
decisión de “suspender los desmontes por seis meses”. Esta medida no afecta a
los empresarios, ya que se acerca la época de lluvias y en ese período no se
puede desmalezar. “La decisión es mediática, porque el período de desmonte se
da entre los meses de mayo y diciembre. O sea, en los próximos seis meses nadie
desmonta”, aseguró a EG uno de los referentes del Movimiento de Campesinos de
Santiago del Estero (Mocase) en la provincia, Cariló.
Los escenarios principales de conflicto por tierras están en
los departamentos de Copo, Alberdi y Pellegrini, y desde hace dos años los
grupos armados que amenazan a los pobladores fueron denunciados. En agosto,
durante dos semanas, los hijos de los campesinos no podían ir a la escuela
porque recibían amenazas de muerte. “Son varios casos los que denunciamos, pero
no somos escuchados”, aseguró Cariló. “Los sicarios instalan carpas al costado
del camino y la policía, en los pocos casos en los que va, les pregunta si
están armados y cuando les contestan que no, se van. Eso consta en las actas.
Si actuaran como deberían, Cristian estaría vivo”.
Desde el Mocase insisten en que los Juárez, además de ser
parientes del asesinado, son dueños de un prontuario que habla por sí solo.
Cariló denunció que “los Juárez son varios hermanos. Algunos tienen causas
abiertas en la Justicia y otros están en libertad condicional por robo. Ese tipo
de gente es la que contratan los empresarios”. Javier Juárez hacía tareas de
vigilancia y seguridad en el campo de Jorge Ciccioli, un empresario santafesino
de Cañada de Gómez.
El responsable de esclarecer el asesinato es el juez
Alejandro Sarria Fringes, a cargo del Juzgado del Crimen de Monte Quemado. Al
cierre de esta edición, permanecían detenidos Javier Juárez, que se negó a
declarar ante la Justicia, Carlos y Mario Abregú, y Walter Juárez. El supuesto
instigador, Jorge Coccioli, se entregó luego de permanecer prófugo algunos
días. Además en la mira de la Justicia
también está Hugo Juárez, hermano del principal imputado. Desde el movimiento
aseguraron que ni ellos ni los familiares van a bajar los brazos hasta que se
haga justicia y “se termine, definitivamente, con la impunidad y la connivencia
que existe desde hace años entre políticos y empresarios”.
Nota publicada en la revista El Guardián.
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