La detención de un joven que tenía 15 plantas de marihuana en su casa reavivó la discusión. Hay cinco proyectos para cambiar la ley de drogas. Denuncian que el 70% del presupuesto contra el narcotráfico se gasta en perseguir perejiles.
Matías Faray pasó dos semanas detenido por cultivo de
marihuana. Su caso reabre la discusión sobre la modificación de la ley de
drogas, un tema conflictivo y muy criticado por los sectores conservadores. El
gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se mostró a
favor de la despenalización cuando el oficialismo presentó su proyecto. Cinco
iniciativas esperan ser tratadas en el Congreso. La de Libres del Sur es la
única que cuenta con el apoyo de la comunidad de cultivadores.
El jueves 14 de abril, cuando el reloj marcaba las 17,
efectivos policiales allanaron el departamento de Matías Faray. Adentro
encontraron 15 plantas de marihuana. Faray fue detenido y pasó dos semanas en
prisión. Una de las principales modificaciones que se propone el proyecto de la
diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, es que nadie pueda ir preso por
tener una o dos plantas o un porro. Donda pide modificar tres artículos y
derogar diez.
Más allá de que el famoso fallo de la Corte Suprema sugiere
que no se penalice al consumidor de pequeñas cantidades, al que diferencia de
los narcotraficantes, el artículo 14 de la Ley 23.737 pena de un mes a dos años
la tenencia para consumo personal. Es decir, hoy por hoy, cualquiera que
encienda un cigarrillo de marihuana en la calle o ponga una planta en su
balcón, a la vista de sus vecinos, puede ser detenido. Aunque hay jueces que
los absuelven. La mayoría de los proyectos proponen cambiar ese artículo.
Al día siguiente de ser detenido, Matías Faray fue interrogado
por el secretario del fiscal y luego trasladado a una celda compartida con
presos comunes de la comisaría 2ª de Villa Tesei. Quince días después, la jueza
Mónica López Osornio dictó el procesamiento por producción y almacenamiento de
estupefacientes, delito que tiene una pena de entre 5 y 15 años. El caso tomó
tanta relevancia en los medios que la magistrada debió citar a Matías para
escuchar personalmente su versión. Y
luego le dio la excarcelación extraordinaria. En base a datos del Ministerio de
Justicia, la diputada Donda asegura que “el 27 % de los presos están procesados
por ser consumidores. En el país, el 32 % de los detenidos está encerrado por
la actual ley de estupefacientes, y sólo un 5 % pertenecen a delitos
relacionados con la comercialización. Se tramitan unas 6 mil causas por año, y
cada una tiene un costo promedio de 5 mil pesos”. Además, Donda coincide con el
presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del
Narcotráfico, el diputado por el GEN, Fabián Peralta, en que cerca del 70 % de
la partida presupuestaria que dispone el Estado para la lucha contra el
narcotráfico se pierde persiguiendo a usuarios.
“Hay que modificar la Ley 23.737 para que se deje de
perseguir a los consumidores y ese dinero se invierta en la lucha contra el
narcotráfico”, reclamó Donda. El director de la revista THC, Alejandro Sierra,
aseguró que el proyecto presentado por Libres del Sur es el único que cuenta
con el apoyo de los activistas contra la despenalización. La diputada sostiene
que su proyecto está basado en las “directivas emanadas de la Constitución
Nacional y de los pactos internacionales de Derechos Humanos. Cuenta con los
lineamientos de las expresiones de la Corte Suprema, del pedido de integrantes
del Poder Judicial y de ONGs que buscan humanizar tratamientos”.
Además de Donda, durante 2010, el kirchnerismo, el
socialismo, el GEN y el radicalismo presentaron proyectos. Lo cierto es que, en
medio de tanto discurso progresista, gran parte de los bloques de la Cámara de
Diputados piden vía libre para tratar el tema. Aunque en el bloque Pro las
opiniones están divididas y aseguraron que “es probable que, cuando se trate,
cada uno vote según su conciencia”.
Cuando el kirchnerismo presentó su proyecto de
despenalización, apoyado por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y
avalado por la Presidenta Cristina Fernández, Aníbal Fernández –que reunió a un
comité de notables para redactar la nueva ley– respondió a las críticas: “No
somos promotores del consumo de drogas. Pero tenemos que ocuparnos de atacar a
los traficantes”.
Todos los proyectos y sus impulsores sostienen que es
necesario que el Estado comience a trabajar en la prevención y pueda enfocar
sus energías en darle una pelea seria al narcotráfico.
El diputado del GEN, Fabián Peralta, explicó que “hay
proyectos piso y otros techo”. “Estamos dispuestos a ceder, y aceptar que no
sea el imputado el que tenga que demostrar su culpabilidad para lograr un
proyecto por consenso que se convierta en ley”.
“El argumento que sostiene que si se despenaliza el consumo
personal colaboraría con el narcotráfico es insostenible. No hay estudio en el
mundo que avale la teoría de que el que consume marihuana, y tiene posibilidad
de cultivarla, recaiga igualmente en otras drogas, porque de esa manera no necesitaría
un proveedor”, aseguran dos de los tres proyectos presentados –el de Libres del
Sur y del GEN–, teoría compartida por el propio Aníbal Fernández.
“Es hora de que en la Argentina se trate el tema en serio, y
esperamos que sea este año. Maduramos lo suficiente como sociedad para poder
dar este debate”, indicó Peralta.
Por ello es que, tal como se hizo el año pasado, el próximo
sábado 7 de mayo se realizará una marcha frente al Congreso pidiendo el
tratamiento del tema en el recinto, para que los miles de Matías Faray que hoy
habitan los penales argentinos tengan la posibilidad de recuperarse, con la
ayuda del Estado y sin ser condenados como si fueran peligrosos narcos.
Nota publicada en la revista El Guardián.
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